Defensa de la constitución, La

La demanda de un protector, de un defensor de la Constitución
es, en la mayoría de los casos, indicio de situaciones críticas para la
Constitución. Una nueva cuestión es la que sigue: ¿qué puede hacer
la Justicia, en general, para proteger la Constitución y hasta qué
punto es posible organizar dentro de su esfera instituciones especiales
cuyo sentido y fin sean asegurar o garantir una Constitución?
El hecho de que esa naturalísima cuestión no haya sido planteada
desde un principio, en los años de la postguerra, sino que de un
modo casi exclusivo se haya pensado en una protección judicial de
la Constitución (ejercitada por un Tribunal de Justicia Constitucional),
situado el protector de la Constitución con manifiesta ligereza
en la esfera de la Justicia, se explica por diversas razones.
Como frecuentemente he tenido ocasión de advertir tanto para
el Derecho constitucional como para el Derecho de gentes, la consecuencia
no sería una judicialización de la Política, sino una politiquización
de la Justicia. Es cierto que un habilidoso método formulista
logra sobreponerse a tales razones, y resulta incontrovertible,
porque trabaja con ficciones que carecen de contenido y contra los
cuales, por tal causa, es inútil luchar. De nada sirven dificultades ni
objeciones reales cuando llegan a ser despreciadas todas las distenciones
concretas y cuando se ignoran las diferencias efectivas que
existen entre Constitución y ley constitucional, ley según el concepto
del Estado de Derecho y ley en el sentido formal o político, es
decir, cuando se olvida la diferencia efectiva que existe entre ley y
sentencia judicial, entre sentencia en un litigio jurídico y conciliación
de intereses.