Poder público. Estados y administraciones públicas

Nos podemos referir al hecho de que, en todo ordenamiento
jurídico, general y particular, existen instituciones gestionadas
por los poderes públicos que condicionan la vida de los sujetos
privados y de las relaciones jurídico-privadas. Pero este rasgo
estructural existe desde siempre, es decir, desde cuando, para
usar una noción de los politólogos alemanes contemporáneos, se
forman las sociedades «culturales». Está claro que la regulación
de la moneda (emisión y circulación) no puede sino expresarse
en instituciones públicas centralizadas y con autoridad, y que la
moneda es un bien (mercancía) de relevancia primaria para cada
uno de los componentes de la colectividad. Está claro que la
defensa militar —y también la ofensiva militar— no puede dejar
de competer a los poderes públicos centralizados, como
actividad —todavía hoy— necesaria y con autoridad, y que su
desarrollo incide de forma muy gravosa sobre los componentes
de la colectividad. Iguales constataciones pueden hacerse con
relación a la potestad impositiva, la potestad punitiva y la
potestad de certificación.
Con el curso del tiempo, estas instituciones condicionantes
del ámbito de lo privado se han extendido en profundidad y
amplitud. En cualquier caso, en relación a lo que nos interesa
aquí la dimensión de este condicionamiento (noción esta,
también empírica que debe sustituirse por otras más precisas y
que se hará a continuación) es indiferente: todo ordenamiento
jurídico, general y particular, existe en cuanto condiciona a los
pertenecientes a la propia pluralidad subjetiva.