Responsabilidad del estado por la actividad judicial

La administración de justicia como uno de los poderes del Estado no se encuentra exenta de comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado. En la evolución del régimen de responsabilidad del Estado-administración de justicia se ha superado la tesis inicial de la irresponsabilidad fundada en la inviolabilidad de las decisiones judiciales con los que se hacía prevalecer los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica, hasta llegar a la configuración de la responsabilidad no sólo por razón de dichas decisiones, sino también por el resultado de las mismas que se encaminen a privar injustamente la libertad de las personas, e incluso por anormalidad o defectuoso funcionamiento en la prestación de la actividad de la administración de justicia. Se trata, además, de un régimen que en el moderno Estado Social y Democrático de Derecho recibe el sustancial influjo de las normas convencionales, erigiéndose como sustrato esencial para su construcción del derecho de acceso a la administración de justicia o la tutela judicial efectiva, donde el papel de la víctima es esencial verificar por sobre los procedimientos, decisiones y funcionamiento en sí mismo de la administración de justicia. En el estudio que se presenta a continuación, se busca examinar la evolución de este régimen de responsabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano; la influencia convencional del derecho de acceso a la administración de justicia o la tutela judicial efectiva; la posible revisión que exige la convencionalidad para el juzgamiento de la responsabilidad de los organismos judiciales internacionales; y, finalmente la delimitación de cada uno de los fundamentos en los que se estructura la responsabilidad del Estado-administración de justicia [indebido o imposible acceso a la administración de justicia; privación injusta de la libertad; error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia].El análisis que se presenta en esta publicación deriva del estudio de la jurisprudencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia, comprendiendo todos aquellos eventos en los que la responsabilidad del Estado ha sido cuestionada bien sea por que se incurre en un error judicial [o jurisdiccional], en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia [v.gr., por imposición de un embargo, retención de un bien mueble, pérdida de bienes muebles en cabeza de auxiliares de la justicia como secuestres, etc.], o por privación injusta de la libertad. En cuanto a este último supuesto, en la jurisprudencia del Consejo de Estado de Colombia desde 2013 existe un debate constante, complejo y divergente, acerca del daño antijurídico, de los títulos o supuestos de imputación y sobre la reparación de los perjuicios inmateriales y materiales. Se trata, en el evento de la privación injusta de la libertad, de debatir el alcance que debe darse a la primacía de la libertad como premisa sustancial en el ejercicio de la acción penal del Estado, sin que se convierta la detención, la privación de la libertad o la supresión del derecho a la locomoción en reglas generales, lo que sigue planteando debates en el derecho colombiano.Jaime Orlando Santofimio Gamboa